Legislativamente el régimen comunista separó el Estado de la religión y la Iglesia de la escuela. Sin embargo, en la realidad esto significó, en la práctica, la intromisión del Estado en la esfera privada de los creyentes, queriendo eliminar tanto al clero como a todo otro tipo de referente religioso entre los ciudadanos. Inició así una profunda y totalitaria propaganda antireligiosa que buscaba cambiar la concepción del mundo para consolidar una sociedad atea. Para consolidar este plan fue creado todo un estatuto legal que preveía la desaparición de las entidades religiosas y poner en la ilegalidad la práctica privada de cualquier tipo de religión, consolidando, al mismo tiempo, diversos órganos represivos y punitivos.

A modo de ejemplo citemos algunos artículos del Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFSR del 8 de abril de 1929 "Sobre las asociaciones religiosas". Efectivamente este decreto establecía la obligación de registrar ante los organismos gubernamentales todas las asociaciones religiosas y a sus miembros. Cada ciudadano podía pertenecer solamente a una de estas asociaciones religiosas. Se excluía la asociación de un miembro menor de 18 años. A las sociedades religiosas se les reconocía el derecho a comprar utensilios de iglesia, objetos de culto religioso, vehículos, al alquiler, construcción y compra de un edificio para sus necesidades, de la manera prescrita por la ley (cf. art.3). Un derecho que, sin embargo, no se respetaba y no podía ser efectivo ya que dichas asociaciones estaban privadas de reconocimiento y personería jurídica. La ley también establecía que estas asociaciones no podrían iniciar sus actividades hasta que hubiesen recibido la registración por parte del Consejo de Asuntos Religiosos dependiente del Consejo de Ministros de la URSS (cf. art.4), reservándose el derecho de negar dicha registración (cf.art.5). Se entraba en contradicción con el art.10 donde se aclaraba: “Cada comunidad religiosa o grupo de creyentes puede usar solo una sala de oración”, siempre previa autorización del gobierno. Recordemos que la registración de la comunidad o asociación religiosa era hecha por la administración del territorio local, por tanto: “Los convenios sobre el derecho a usar tales lugares para las celebraciones son firmados por creyentes individuales bajo su responsabilidad personal” (art. 10,2).

En el art.17 se enumeran las actividades que les está prohibido realizar: “a) crear cajas de asistencia mutua, cooperativas, asociaciones de producción y, en general, utilizar la propiedad a su disposición para cualquier otro propósito que no sea satisfacer necesidades religiosas; b) proporcionar apoyo material a sus miembros; c) organizar especialmente las reuniones infantiles, juveniles, de mujeres y otras reuniones, así como círculos de estudios bíblicos, literarios, de costura, laborales, religiosos, etc. así como organizar excursiones y salidas a parques infantiles, abrir bibliotecas y salas de lectura, organizar sanatorios y atención médica”. Y respecto a la literatura religiosa, establece: “En los edificios y locales de oración, solo se pueden almacenar los libros necesarios para la administración de este culto”.

El art.19 limita el territorio de acción de los predicadores exclusivamente a la comunidad en la que están registrados.

Los art. 25 al 35 tratan de la propiedad y uso de los edificios dedicados al culto. El art.36 reafirma el derecho que tiene el Estado de expropiar un edificio dedicado al culto “si este edificio es necesario para las necesidades estatales o públicas”. Hasta el art. 41 trata sobre el procedimiento de cierre de los edificios de culto por parte de las autoridades, los cuales se podrán adaptar a otro uso o bien demoler. Excepto los que por su valor histórico, arquitectónico, arqueológico, pasarán a depender del ministerio de Cultura.

El art.43 prevee el cancelar la registración a la asociación o comunidad religiosa si no cumple con las normas establecidas. En el art. 46 se dice: "Si el lugar de culto presenta una situación de deterioro que ponga en peligro la seguridad publica, deberá ser controlado por el organismo estatal, mientras tanto se prohibe todo tipo de acción de culto".

Estos son algunos artículos de uno de los varios decretos que reglamentaron el estatuto jurídico de las asociaciones religiosas. A esto se sumó la propaganda antireligiosa que usó de organismos y estructuras propagandísticas avaladas por el sistema.